Más vale tarde. Aunque se anunció hace más de un año (principios de febrero de 2024), ya está el primer paso formal dado para la exhumación de la fosa donde yace, previsiblemente, el mayor número de personas asesinadas por el franquismo de la provincia de Sevilla. Ciertamente, lo que han firmado hoy las cuatro administraciones es un protocolo de intenciones, sin concretar cuándo comenzarán unos trabajos que Gobierno central, Junta, Diputación y Ayuntamiento financiarán a partes iguales, pero debe liderar, por cuestiones competenciales, el alcalde Sanz y su equipo municipal.

Bien. Lo próximo es rubricar el convenio, tramitar la exhumación y, en caso de ir todo bien, terminar en 2029. Esperar la pronta dotación de presupuesto para su puesta en marcha, ya que hay constancia de los recursos de Estado y Diputación, pero cero euros en los presupuestos de la Junta y el ayuntamiento.

Esperamos que en el texto del convenio figure el compromiso de la realización de un Memorial en el lugar de la fosa, saber cómo va a ser la recogida de ADN para el proceso de identificación de los restos y (como sucedió en Pico Reja) tanto el derecho individual de participación de los familiares de las víctimas (que, según las leyes vigentes, también son víctimas) como el derecho colectivo a la participación de la sociedad en el proceso de exhumación de la fosa.