Este viernes, en el cementerio municipal de Gerena, empecé mi intervención con un reconocimiento al movimiento memorialista presente en la mayoría de los pueblos de la provincia de Sevilla, gracias al cual allí, en 2012, se localizaron las 17 Rosas de Guillena. «Cuando se celebran homenajes como este», dije, «siempre recuerdo esta frase del filósofo británico, católico y marxista Terry Eagleton ‘Lo que incita a hombres y mujeres a la rebelión no es el sueño de la liberación de sus nietos sino el recuerdo de sus antepasados oprimidos’».
Hace décadas que las víctimas del franquismo iniciaron el camino de la exigencia de verdad, justicia y reparación. Gracias a esa lucha, las instituciones empezaron a plasmar en términos políticos y jurídicos esas demandas. Y es así que, en el momento actual, casi a un siglo del comienzo de la ignominia golpista, contamos con instrumentos legales que clausuran el silencio y el revisionismo histórico y reivindican la necesidad de memoria como derecho humano individual y colectivo, en un momento en el que no son pocos los que hablan de “no reabrir las heridas” o “dejar de mirar el pasado” porque lo que verdaderamente quieren es destituir el pasado en general para destituir su pasado en particular, como dijo el poeta argentino Juan Gelman cuando le entregaron el Premio Cervantes en 2008.
Gelman, que sufrió la dictadura de su país, recordó que en la Grecia del siglo V antes de Cristo se obligó a los ciudadanos a olvidar por decreto. Cuando dijo eso se acababa de aprobar en nuestro país la mal llamada Ley de Memoria de 2007 con el gobierno de Rodríguez Zapatero, donde por primera vez se reconocían algunos derechos a las víctimas del franquismo pero ni siquiera utilizó la palabra «Memoria» en el texto legal y se limitó a “privatizar” el derecho de las familias y las asociaciones a buscar y realizar exhumaciones. Por aquel entonces habían transcurrido 32 años de la muerte del dictador y se había cumplido aquello que Gutiérrez-Mellado le pidió a Felipe González: que no abriera el baúl de los recuerdos de la guerra civil hasta que la generación de esta catástrofe hubiera desaparecido.
Pero desde 2017 tenemos una Ley de Memoria andaluza y desde 2022 tenemos una nueva Ley de Memoria en España; en ambas se asume como propias la mayoría de las demandas de todas las víctimas de la dictadura. Conscientes de que, cuando decimos «todas las víctimas», como tal, estamos diciendo que existe una titularidad individual del derecho a la memoria de las víctimas y sus familiares (que también son víctimas); pero también hay una titularidad colectiva del derecho a la memoria: el recuerdo de lo sucedido, el nunca más, la pedagogía que conllevan las historias de las víctimas, las razones de su victimización y la reivindicación de los valores por los que esas víctimas fueron perseguidas, represaliadas, asesinadas… eso nos pertenece a toda la sociedad y a todas las instituciones democráticas, porque fue la defensa de la democracia y la legalidad republicana la que motivó esas persecuciones y esas violaciones de derechos humanos. Por eso hablamos de Memoria Democrática.
Ambas leyes están consiguiendo que se lleve a buen término aquello que escribió Walter Benjamin: «Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre».
En Gerena acabé así: «Compañeras y compañeros. Camaradas: No nos confundamos a la hora de poner en práctica el derecho a la memoria. Nuestra memoria es antifascista, reivindicamos el carácter público de las actuaciones memorialistas, es una memoria republicana y feminista».
