En la web de FIBGAR hay un interesante artículo sobre el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que nos obliga a detenernos y «mirar de frente una de las formas de violencia más crueles que existen: la de arrebatar a una persona, borrar su rastro y negar después cualquier información sobre su paradero».
Fue en diciembre de 2006 cuando se celebró la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, donde, por primera vez, la comunidad internacional reconocía la desaparición forzada como un delito autónomo que, mientras no se conozca el destino de la víctima, se considera continuado y, por tanto, la búsqueda de la verdad no prescribe con el paso del tiempo.
Esta Convención introdujo, además, el derecho de las familias a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el resultado de las investigaciones. «Este derecho a la verdad, unido a los derechos a la justicia y a la reparación, constituye el marco sobre el que construimos buena parte de nuestra labor en materia de memoria democrática». Veinte años después de su adopción, sin embargo, la Convención sigue siendo una promesa incompleta. Sigamos luchando por su cumplimiento íntegro.
Durante estos días hemos podido conocer, en la web del Ayuntamiento de Campillos (Málaga), los resultados de la segunda fase de los trabajos de exhumación en sus fosas comunes, que finalizaron hace un par de días (viernes 28 de agosto). Se ha procedido a la exhumación de los restos de seis víctimas en la segunda fosa común localizada en el cementerio municipal y se han recuperado los restos de 40 cuerpos de la primera fosa común, donde (2025) se recuperaron 73 cuerpos.
Un día antes, en el Cementerio Municipal de Palma del Río (Cordoba), se celebró un acto de homenaje a las víctimas del franquismo, dentro del marco de las II Jornadas de Memoria Histórica, en el que la arqueóloga Elena Vera informó sobre los trabajos de exhumación realizados en la fosa común, cuya última campaña, finalizada este verano, ha permitido exhumar los restos de 15 personas fusiladas en 1936 (11 hombres y 4 mujeres). También se ha podido determinar que la fosa es más larga de lo que se creía hasta ahora: «Tiene 41,64 metros de largo», según Vera. Hasta ahora hay contabilizados restos de 101 cuerpos, por lo que se prevé que sean de tres a cuatro los centenares de víctimas que albergue este espacio.
Según la noticia publicada en Diario de Córdoba, fue el 27 de agosto de 1936 cuando la población de Palma del Río sufrió una dura represión tras la entrada de las tropas sublevadas. Un episodio que marcó profundamente la memoria popular de este municipio y la realidad de muchas familias. En el acto también intervinieron representantes de los foros de la memoria histórica y familiares de víctimas. culminando con la lectura de los nombres de las personas asesinadas y enterradas en la fosa común.
Desde mi ventana ya no se ve el campo de fútbol porque lo tapa de la vista un enome Mercadona que han levantado delante. Si mi piso tuviera paredes de cristal, o cuando subo a la azotea, vería casi a la misma distancia otros dos supermercados de la misma marca. Quitando bares y cuatro tiendecitas de rigurosa cercanía (comprar el pan y desavíos), el centro es como el distribuidor de una vivienda: todo pasa, nada se queda. Ya no cabría esa estación de autobuses que alguna gente reclama y no sería mala idea conectarla con el tren, pero para ello habría que desbaratar zonas verdes o de aparcamientos (en su día, cuando se planificó el aparcamiento subterráneo del Arenal, IU propuso aprovechar la obra y soterrar una estación de autobuses que conectara directamente con el cercanías, dejando margen para cuando el ferrocarril también fuese subterráneo).
Personalmente, no veo que merezca la pena remover tanto si, además, el servicio público de autobuses urbanos se queda como está. Si éste mejorase (no bastaría con poner más líneas ni frecuencia de paso: hay que concienciar a la población de la importancia de su uso), se podría estudiar la viabilidad en otro espacio conectado a los apeaderos de Cantaelgallo o el futuro Casilla de los Pinos, y que sirviera también de enlace con otras líneas de otros municipios del Bajo Guadalquivir, teniendo en cuenta que el objetivo debe ser la mejora de la movilidad del transporte público (y su intermodalidad) y no la construcción de un simple espacio para albergar autobuses.
