«Por Andalucía con memoria democrática, antifascista, reivindicativa y crítica ante la impunidad y el olvido, heredera de los valores republicanos que nos arrebataron quienes hoy, por acción u omisión, blanquean el franquismo». Así se identifica, de partida, nuestro programa de gobierno para las próximas elecciones autonómicas.
Más adelante, en un apartado específico, desgrana 25 propuestas concretas, posibles, rigurosas y perfectamente asumibles, porque forman parte del desarrollo de las leyes de memoria andaluza y estatal. Tal cual copio y pego aquí el contenido.
En España el “espíritu de la Transición” olvidó los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición que el Derecho Internacional predica de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Gracias a las luchas del movimiento memorialista, nuestra comunidad autónoma aprobó la Ley 52/2007 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (en adelante, LMHDA) y, en España, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En ambas, la demanda de justicia para las víctimas del franquismo se articula a través de derechos y se ejecuta a través de políticas. Sin embargo los gobiernos del PP, en solitario o con apoyo de la extrema derecha, están derogando o reconvirtiendo la leyes de memoria democrática en “leyes de concordia” dirigidas a “los caídos de ambos bandos”. En Por Andalucía no lo vamos a permitir, porque tenemos claro que sin memoria no hay democracia, y que ser demócrata equivale a ser antifascista. Por eso, vamos a desarrollar el mandato legal aprobado en la LMHDA a través de las siguientes medidas:
1. Convertir en política pública de la Junta de Andalucía las exhumaciones de las fosas comunes de nuestro territorio, la identificación de los restos y la búsqueda de familiares.
2. Actualización periódica, transparente y accesible del Mapa de Localización de Restos, en soporte digital y analógico, poniendo a disposición pública la información sobre las fosas y asumiendo la responsabilidad legal de remitir los datos al mapa estatal conforme a la LMHDA.
3. Elaboración del censo público de víctimas de la Guerra Civil, la represión franquista y la dictadura, con los datos que exige la LMHDA.
4. Remitir de forma inmediata y sistemática al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de todas aquellas evidencias que, durante los procesos de exhumaciones de fosas de represaliados por franquismo, pudieran constituir crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
5. Crear un banco de ADN por cada provincia de Andalucía hasta concluir por completo la identificación y las exhumaciones de todas las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
6. Declarar como lugares de memoria todos los campos de concentración franquistas y batallones de trabajadores de Andalucía, así como aquellas ubicaciones andaluzas donde se produjeron episodios de represión destinados a aniquilar nuestra cultura, borrar el pensamiento crítico y silenciar la obra de maestras, maestros, sindicalistas, escritores y militantes republicanos.
7. Creación de dos Museos de la Memoria Democrática en Andalucía, uno en Andalucía Occidental y otro en Andalucía Oriental, concebidos como espacios públicos de investigación, divulgación y reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y de la lucha por las libertades democráticas, centrados en los hechos represivos documentados y diseñados en colaboración con universidades, familiares y entidades memorialistas y equipos investigadores.
8. Llevar a cabo, junto a los gobiernos de España, Alemania e Italia, un acto institucional de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas de la masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida como «La Desbandá».
9. Eliminar el Comisionado de la Concordia y recuperar la Dirección General de Memoria Democrática como estructura administrativa comprometida con la defensa de los valores democráticos y con la protección del legado de quienes sufrieron la represión.
10. Desarrollar el II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027 con dotación presupuestaria suficiente y mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.
11. Cumplir con rigor las obligaciones legales en materia de planificación, evaluación y rendición de cuentas, previstas en la LMHDA, especialmente en lo concerniente a la publicación de informes periódicos de acciones memorialistas, paralizadas desde 2022.
12. Poner en marcha una asignatura específica en Educación Primaria y Secundaria en todos los centros educativos, dedicada a la enseñanza de los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria democrática.
13. Promover la consideración de Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo.
14. Equiparar el régimen de ayudas, indemnizaciones y reconocimientos que la Junta de Andalucía concede a las víctimas del terrorismo a las víctimas del franquismo y sus familiares, en cumplimiento de principio de igualdad reconocido en la LMHDA.
15. Conmemorar el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura el 14 de abril en los centros educativos, creando para ello un repositorio público de materiales educativos, documentos históricos, testimonios y recursos didácticos, elaborado en estrecha colaboración con las asociaciones y foros memorialistas andaluces.
16. Eliminación de todos los elementos contrarios a la memoria democrática, de cualquier tipo, en cualquier espacio público o privado que cuente con el respaldo de las leyes de memoria andaluza y estatal.
17. Aplicación efectiva del régimen sancionador previsto en la LMHDA con aquellos actos de exaltación franquista que se celebran cada año con absoluta impunidad en nuestra comunidad autónoma.
18. Asumir la digitalización de los archivos, expedientes, testimonios y documentación vinculada a la memoria democrática de Andalucía, con garantía de preservación y acceso público.
19. Puesta en marcha de un programa andaluz específico de búsqueda, identificación y apoyo a las víctimas del robo de bebés, cuyo registro estaría integrado en el futuro Censo de Víctimas previsto por la ley.
20. Desarrollar un Programa Andaluz de Reconocimiento y Reparación a Minorías Represaliadas por el Franquismo, con dotación presupuestaria propia, elaboración de un censo documentado (pueblo gitano, personas LGTBI, minorías religiosas, mujeres consideradas «disidentes», personas represaliadas por pobreza o marginación, personas con discapacidad institucionalizadas, etc.), señalización de Lugares de Memoria vinculados a la represión franquista de minorías y puesta en marcha de un fondo anual de ayudas y becas destinadas a proyectos de investigación, documentación oral, audiovisuales y publicaciones sobre la represión de estas minorías.
21. Difundir en la RTVA, en cumplimiento de la LMHDA, programación específica sobre la memoria democrática de Andalucía, así como impulsar desde este ente público una línea de apoyo y financiación a aquellos proyectos audiovisuales que estén orientados a favorecer la memoria democrática de nuestra comunidad autónoma.
22. Poner en marcha un programa estable de reconocimiento público a las más de 1.500 víctimas andaluzas deportadas a los campos de concentración y exterminio del nazismo, siguiendo el modelo europeo de las Stolpersteine o «piedras de la memoria», así como el desarrollo de campañas informativas y estudios científicos que expliquen el apoyo simbiótico de la dictadura franquista a los regímenes nazi y fascista y viceversa.
23. Impulsar un programa integral de investigación, documentación y restitución del expolio material, patrimonial, artístico, documental y económico perpetrado por el franquismo en Andalucía.
24. Desarrollar un programa integral de verdad, justicia y reparación respecto al uso masivo de trabajos forzosos durante el franquismo en Andalucía, identificando y registrando de manera exhaustiva las obras públicas, explotaciones agrícolas, empresas, administraciones y particulares que se beneficiaron directamente de la esclavización de presos políticos y civiles.
25. Promover la recuperación inmediata del Cortijo de Gambogaz como patrimonio público, declarando dicho inmueble Lugar de Memoria Democrática, para que deje de estar en manos de los herederos del golpista Queipo de Llano y se destine a centro de investigación, documentación, memoria histórica y reparación para las víctimas del franquismo.
