Este viernes me he reunido con representantes de una plataforma sevillana que, como en otras provincias, se están creando en toda la comunidad autónoma para exigir una solución al colapso de la Junta en la tramitación y concesión de las ayudas de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
Las tres personas que han venido a contarme la situación solicitaron la RMISA en julio del año pasado, es decir, hace casi 15 meses. Estamos hablando de ayudas de algo más de 400 euros mensuales (hasta 700 si hay hijos o familiares a cargo) a personas que no tienen nada de nada y que, por poner un ejemplo bien sencillo, acuden a los servicios sociales de sus municipios a que les paguen la luz para no quedarse sin suministro en casa.
Según me han contado, las peticiones que están aceptando ahora se presentaron en mayo de 2018. La ley que regula la RMISA establece un periodo de dos meses entre la solititud y la concesión o denegación de la ayuda. Su situación actual, según le han contado, es la de «grabado», tras haber pasado por «pendiente» y después de haber comprobado que son «aptos» según un simulador de la web de la Consejería.
Algunos detalles más: hay un servicio de información colapsado que no te informa, incluso lo contrario: quienes atienden al teléfono no saben de qué le estás hablando; también hay un teléfono de cita previa donde no responde nadie en semanas. Si entras en los comentarios de la noticia del Defensor del Pueblo: «La Junta libera 28 millones de euros para el salario social» (concepto anterior al de RMISA) verás casi 8.000 mensajes de queja.
El próximo miércoles, día 9, el grupo parlamentario Adelante Andalucía atenderá a estos colectivos para concretar iniciativas que palien la situación de estas personas, se calcula que unas 102.000, cuya terrible situación las deja en la más absoluta exclusión social. La Junta de Susana Díaz no cuidaba de ellas más que en la retórica de las leyes sin dotación presupuestaria; la actual del trifachito, por ahora, ni eso.