Decenas de incendios están calcinando miles de hectáreas durante estas semanas de termómetros por encima de los 40 grados en casi toda España; las llamas se han cebado especialmente con Extremadura, Castilla y León, Galicia, Catalunya, Andalucía y Asturias, pero no hay comunidad autónoma que no se vea afectada. En la provincia de Sevilla, donde se han rebasado los umbrales normales de calor de día y de noche, también se han quemado entornos forestales en El Garrobo, El Ronquillo y Aznalcóllar, en este último caso con evidencias de que el fuego ha sido provocado. En la segunda quincena de julio ya se superan los peores datos de superficie arrasada en nuestro país de las últimas tres décadas; estamos ante el inicio del verano más caluroso de la serie histórica.
A la muerte de trabajadores por insolación o en la extinción de incendios, ejemplos dramáticos cada vez más frecuentes, hace unos días que el Ministerio de Sanidad añadía más de 500 muertes atribuibles solo a la segunda ola de calor del verano. Las altas temperaturas y los incendios forestales también se extienden por todo el sur de Europa, mientras las imágenes del planeta en una comparativa junio 1976 – junio 2022, difundidas por el Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA, muestran inevitablemente un mundo más cálido por efecto del cambio climático inducido por el hombre, donde resulta fácil superar los umbrales de calor extremo en cualquier territorio de los cinco continentes.
El cambio climático no solo supone la destrucción a plazos del planeta, es y debe ser parte vertebral de la conciencia de clase. Negar o menospreciar sus efectos adversos, en términos de renta y de salud, contribuye a agranda las brechas de desigualdad socioeconómica entre ricos y pobres, entre barrios mejor y peor adaptados en su fisonomía urbana al impacto de las olas de altas temperaturas; en definitiva, empeora la esperanza (y la calidad) de vida de los sectores más desfavorecidos.
La situación geográfica de Andalucía ante el cambio climático nos expone a una subida de las temperaturas que constituye una gran amenaza, ya que está generando perturbaciones económicas como la reducción de los rendimientos agrícolas, daños a las infraestructuras críticas y aumento de los precios de los productos básicos. La desprotección de nuestras costas, bosques y ecosistemas naturales frente a actividades agrarias o industriales agresivas, están provocando gravísimos daños en enclaves únicos como Doñana, con captaciones de aguas ilegales y amenazas a especies en peligro, que pueden acelerarse de salir adelante la intención de ampliar regadíos impulsada por el gobierno andaluz (en el discurso de investidura, Moreno Bonilla ha insistido en que “el nuevo Gobierno buscará una solución definitiva, clara y legal para los agricultores de la Corona Norte de Doñana»). El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua.
Respecto al INFOCA, es imprescindible dotarlo de recursos materiales y humanos para proteger el medio natural todo el año y no solo para defenderlo de las llamas en verano. En estas semanas, nuestros grupos municipales están llevando a los plenos de los ayuntamietos del país una moción (cuyo contenido resumido puedes ver en esta nota de prensa) para el desarrollo de un servicio de prevención y extinción de incendios de titularidad y gestión públicas bien dimensionado, centrado en la prevención, pero que pueda dar respuesta rápida a las situaciones de emergencia que se puedan producir. Además, recoge el reconocimiento de la categoría de Bombero/a Forestal, el respeto a unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras de todo el operativo y la elaboración de un Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales, tal y como, por ejemplo, viene demandando el sindicato Comisiones Obreras.
