Los servicios públicos son hoy los verdaderos acreedores de los recortes de la última década. Miles de millones de euros de transfusión desde la sanidad, los servicios sociales o la educación hacia las deudas de las entidades bancarias y los balances de los gobiernos, a costa de incrementar las desigualdades y debilitar aún más el endeble Estado del Bienestar.
En lo cotidiano es donde más se ha notado esa deuda con lo público que, según las políticas que se están aplicando en los gabinetes de las comunidades autónomas y gobierno central, todo apunta a que se da por amortizada.
El colegio Bernardo Barco, de La Campana, es un ejemplo de esa degradación y, también, de cómo funciona la política de la patá palante. Desde que se avistaron las primeras grietas en los muros del edificio, allá por 2013, hasta el cierre de aulas y la movilización de la comunidad educativa del municipio, han pasado varios años, varios delegados territoriales de Educación y varios informes técnicos advirtiendo del continuo deterioro de las instalaciones. Y lo que es peor: a fecha de hoy, todo parece indicar que estamos de nuevo en la casilla de salida, pero con más difícil solución.
María Izquierdo, Paqui López y un servidor nos hemos reunido en el parlamento con compañeras y compañeros de IU La Campana y con la Comisión de Educación de Adelante Andalucía, además de nuestro diputado sevillano Ismael Sánchez. Tras el encuentro, donde se ha detallado de manera cronológica todo lo acontecido desde aquellas primeras grietas hasta los paños enteros de azulejos arrumbados en los servicios, la pregunta que nos hacemos es ¿y qué va a pasar en septiembre? ¿es necesario reformar el edificio o, teniendo en cuenta que el deterioro que sufre ya es estructural, resulta más eficaz levantar un colegio nuevo? Hay que advertir que el CEIP Bernardo Barco es el único que existe en el pueblo y que, por tanto, cualquier solución debe pasar por que el más de medio centenar de alumnas y alumnos vuelvan a sus clases el 11 de septiembre con un mínimo de dignidad, seguridad y calidad educativas.
Para ese inicio de curso se avistan movilizaciones en La Campana. No serán las únicas: por desgracia, lo que ocurre allí es un botón de muestra que se repetirá en Andalucía y en el resto del país. Por mi parte, de esta situación me voy llevando ya el orgullo de haber reconocido en mis compañeras y compañeros del grupo municipal, y de la asamblea local, un profundo interés y un compromiso bien firme en la búsqueda de esas soluciones que, ni el gobierno andaluz anterior, ni ahora el nuevo, parecen tener ganas de encontrar.
