Cuando Moreno Bonilla anunció la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía, hace algo más de un año, se dijo que tendría un impacto «de unos 37 millones de euros (anuales) y beneficiará a unas 10.000 personas», concretamente «el 1,5% de la población de la comunidad que hereda más de un millón de euros». Apenas una semana más tarde de esa rebaja para las rentas más altas de nuestra comunidad autónoma, el gobierno trifachito andaluz rebajó también el IRPF del tramo autonómico a los más ricos. La reducción de impuestos, entre una y otra cosa, supondría 235 millones menos de recaudación en cuatro años. Dinero público que recuperaba el hijo de la duquesa y sus amigos, y que perdía la gente común.

Primer día de nueva normalidad tras las fases de desescalada, esperemos que las cosas de la salud vayan bien y volvamos a hablar de las calores, que no tarde mucho en llegar una vacuna sin patentes de corso y el tiempo de crisis social acabe con una reconstrucción de todo aquello que la mayoría hemos aprendido a valorar.

Intento acostarme temprano, no como Isabel Ballesteros, Miguel Ángel Rosa o Juan Carlos Ruiz, que le dan ‘me gusta’ a mis publicaciones pasadas las 12 de la noche; o Gema García, que me escribe casi a las mismas horas, apurada, porque antes no la dejan las reuniones de presupuestos. Todo esto lo sé porque intento acostarme temprano, pero a veces no lo consigo, y no por el calor, sino por la dificultad de espantar a los demonios en la hora en que la oscuridad te hace ver todo más claro. A los demonios les pasa como al capitalismo: no los hay de rostro humano, si les dejas un resquicio abierto te montan la fábula del escorpión y la rana.

Viernes por la mañana con Marisol y Fran García para apoyar a los compañeros y compañeras que han sufrido represión sindical durante estos meses de pandemia. En algunos casos, como el de Francisco Manuel (Alueropa, antes Extruperfil), directamente despedido por la empresa; en otros, como le ha sucedido a David (Persán), con presiones propias de otros tiempos por exigir medidas de seguridad en la fábrica para evitar contagios por coronavirus. Y así, en Eulen, Ditecsa, Sermicro, ALS Laboratorios, FCC, GRI… y lo que no conocemos o no se ha denunciado por miedo a represalias o a perder el empleo.

El Consejo General del Poder Judicial ha resuelto que el Estado tendrá que indemnizar a nuestro compañero Torrijos por el «caso Mercasevilla» cuando formó parte del cogobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Según publicó ayer el diario ‘La razón’ (y después otros medios), el máximo órgano de gobierno de jueces y juezas «dictamina que existieron dilaciones injustificadas en la causa» por la que finalmente fue absuelto, muy especialmente en la instrucción de Alaya.

Lees sobre los tejemanejes del accionariado de El País y la conclusión es: una, que el rompecabezas encaja, porque entre todos forman el entramado de control del Estado, su condición de cloaca, caja negra de las decisiones trascendentales que afectan al pueblo (que no los vota); y dos, que si un extraterrestre llegase a nuestro país y leyera sobre el asunto, difícilmente acertaría que se está hablando de una empresa vinculada al periodismo, profesión tan digna que sólo debería confrontar con los ataques a la libertad de expresión y opinión. Todo eso ha muerto, empezando por el periódico gratuito de un pueblo y acabando por los que pelean por el share de la televisión: es la libertad orwelliana la que impone la censura en la información. Y de Internet ni hablamos.