Viernes por la mañana con Marisol y Fran García para apoyar a los compañeros y compañeras que han sufrido represión sindical durante estos meses de pandemia. En algunos casos, como el de Francisco Manuel (Alueropa, antes Extruperfil), directamente despedido por la empresa; en otros, como le ha sucedido a David (Persán), con presiones propias de otros tiempos por exigir medidas de seguridad en la fábrica para evitar contagios por coronavirus. Y así, en Eulen, Ditecsa, Sermicro, ALS Laboratorios, FCC, GRI… y lo que no conocemos o no se ha denunciado por miedo a represalias o a perder el empleo.

El Consejo General del Poder Judicial ha resuelto que el Estado tendrá que indemnizar a nuestro compañero Torrijos por el «caso Mercasevilla» cuando formó parte del cogobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Según publicó ayer el diario ‘La razón’ (y después otros medios), el máximo órgano de gobierno de jueces y juezas «dictamina que existieron dilaciones injustificadas en la causa» por la que finalmente fue absuelto, muy especialmente en la instrucción de Alaya.

Lees sobre los tejemanejes del accionariado de El País y la conclusión es: una, que el rompecabezas encaja, porque entre todos forman el entramado de control del Estado, su condición de cloaca, caja negra de las decisiones trascendentales que afectan al pueblo (que no los vota); y dos, que si un extraterrestre llegase a nuestro país y leyera sobre el asunto, difícilmente acertaría que se está hablando de una empresa vinculada al periodismo, profesión tan digna que sólo debería confrontar con los ataques a la libertad de expresión y opinión. Todo eso ha muerto, empezando por el periódico gratuito de un pueblo y acabando por los que pelean por el share de la televisión: es la libertad orwelliana la que impone la censura en la información. Y de Internet ni hablamos.

Esta mañana he asistido a la concentración en defensa de la gestión pública sanitaria, social y responsable de las residencias de mayores, organizada por la Asamblea Sevillana en Defensa del Sistema Público de Pensiones, ante las puertas de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.

El domingo pasado comenté que el trabajo militante es una suma de voluntades que cada cual pone en valor según el lugar en que se encuentra; que el esfuerzo de una persona que se vuelca en echar una mano a alguien que lo necesite en su pueblo, en parar un desahucio poniéndose delante de la puerta de la vivienda o recogiendo alimentos para los campamentos de Huelva, por poner ejemplos sencillos, es el esfuerzo militante que cabe realizar y le toca, y tiene tanto valor militante como la ministra que se deja la piel para que los EREs los perciban trabajadores y trabajadoras para no quedarse sin recursos, sin vivienda o sin alimentos. Una y otra son necesarias, una y otra son eslabones de la misma cadena, el mismo objetivo. Al menos, así lo aprendí yo de mis maestros/as comunistas.