La primera lección de la semana la han vuelto a dar las madres (en su inmensa mayoría) y padres del colegio público San José, en La Puebla de Cazalla, donde un 10% del alumnado tiene necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Este lunes, a las 9 de la mañana se han manifestado en el interior del mismo centro, con pancartas y cartelería de cuño escolar (como corresponde), para seguir llamando la atención sobre algo fundamental: el derecho a una educación pública de calidad exige poner todos los medios indispensables contra cualquier atisbo de desigualdad y discriminación.

Sin duda, la persistencia de estas familias son un ejemplo, y no solo para su pueblo. Allí estuve hace un mes con Toni Valero, y ya llevaban otro mes más bregando con la incomprensión de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Dos semanas mas tarde las recibimos en el Parlamento de Andalucía (aquí escribí sobre ello), donde registramos una iniciativa reivindicando que «con 47 alumnos/as con NEAE», la comunidad educativa del centro reclama a la Consejería la incorporación de un/a profesor/a de pedagogía terapéutica (PT), un/a de audición y lenguaje (AL) y un/a profesional técnico de integración social (PTIS) más para atender con suficiencia a este alumnado.

Siempre, desde el principio, las comunidades educativas de los centros de La Puebla con problemas de personal o deterioro estructural (caso del instituto Castillo de Luna, que también visité con Toni Valero) han recibido el apoyo del alcalde Antonio Martín y su gobierno municipal. Un apoyo activo, no meramente declarativo, desde la convicción en la defensa de lo público y sabiendo que conjugar la pelea en las instituciones con el pulso firme en las movilizaciones es la única manera de recuperar, mantener y ampliar derechos.