En el Parlamento, Moreno Bonilla ha contado a los andaluces y las andaluzas lo que quieren escuchar, pero ha presentado unos presupuestos que no son los que los andaluces y las andaluzas necesitan. Unos presupuestos llenos de maquillaje, trampas con los datos y propaganda, que recortan 368 millones en políticas de empleo y actividad industrial, que hacen negocio privatizando los derechos sociales y que solo crece gracias a las transferencias que recibe del Gobierno de España y de la Unión Europea.
Con estos presupuestos, Andalucía va a seguir estando a la cola de España en gasto sanitario por habitante. Las grandes inversiones en infraestructuras presupuestadas en Sevilla no van a evitar el sufrimiento de las familias trabajadoras en su día a día. Los vecinos y vecinas del Aljarafe seguirán teniendo peor atención hospitalaria que el resto de la provincia. Las 5.000 personas de Lebrija que se echaron a las calles el sábado 23 de octubre tendrán que seguir presionando para conseguir sus objetivos porque la solución a sus problemas no está escrita en estos presupuestos. La comunidad educativa que presentó más de 50.000 firmas en el Parlamento para reducir la ratio en los colegios públicos deberá seguir insistiendo en sus movilizaciones si queremos que nuestras hijas e hijos tengan una educación de calidad, sin recortes ni privatizaciones.
Estos presupuestos que presenta la derecha en Andalucía no contribuirán a reducir las desigualdades entre las familias que no llegan a final de mes y ese 0,2% de familias ricas a las que Moreno Bonilla les ha quitado los impuestos para que sean todavía más ricas.
En definitiva, estos presupuestos solo serán buenos para cada uno de esos 20.661 contribuyentes que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros, a los que el gobierno andaluz les ha metido una media de 5.800 euros en los bolsillos que vamos a pagar con recortes en sanidad, educación o dependencia.
Con la lluvia de millones que llegan de Europa, Moreno Bonilla tenía una gran oportunidad para mejorar la vida de las personas que están sufriendo la crisis y la subida de los precios. También tenía una posibilidad magnífica para cumplir la ley y saldar la deuda histórica que mantiene con los ayuntamientos. El gobierno andaluz debe más de 244 millones de euros a los pueblos de la provincia de Sevilla por impuestos recaudados que una ley andaluza aprobada en 2013 obliga a transferir a los ayuntamientos para realizar políticas sociales y dar empleo a los vecinos y vecinas de los 106 pueblos de nuestra provincia.
