Pocas veces salimos a la calle para reivindicar tanto que se cumple tan poco. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, como la Constitución o la mayoría de los textos legales que certifican conquistas sociales y políticas de las clases populares, un documento escrito para tapar las vergüenzas de gobiernos sin escrúpulos, papel mojado que se utiliza como arma arrojadiza a conveniencia.

En Sevilla nos hemos manifestado junto a colectivos que luchan a diario frente a quienes utilizan las palabras «derechos humanos» en sus discursos institucionales con la misma ligereza que los ignoran. Gritar «Ningún ser humano es ilegal»,  «Stop Racismo y Xenofobia», «Pan, Trabajo y Techo», contra los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, por una Renta Básica Universal, «Nos Queremos Vivas», «Sáhara Libre», a favor de Palestina… es sonrojar las políticas de la Unión Europea, de Rajoy, de Susana Díaz y, en el caso de Sevilla, del propio Juan Espadas.

El único artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se cumple y santifica es el 17.1. («Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente»). Este artículo, como el 135 de la Constitución española, es la cúspide del qué hacer del sistema. Por eso, todas las pancartas y consignas de hoy no han salido para celebrar el 10 de diciembre de 1948 en París, sino para exigir el cumplimiento íntegro de unos derechos que deberían ser inherentes al ser humano, en todas las partes del mundo, para todas las personas, en absoluta igualdad.