Servicios sociales, IBEX35 y fotografías de Susana Díaz 

Como un alumno con suerte: así me he sentido en la mañana del sábado en Carmona durante la Jornada de análisis, valoración y enmiendas al Proyecto de Ley de Servicios Social de Andalucía. Una iniciativa de las compañeras Rosalía Martín y Elena Cortés (mi más sincera enhorabuena) en la que han participado como ponentes Reyes Casares (presidenta del Colegio de Psicólogos por la Delegación de Sevilla), Belén Navarro  (trabajadora social y autora del excelente blog www.belennavarro.es), María Dolores Márquez  (Presidenta del Colegio de Educación Social de Andalucía), Rosa Regas (CC.OO), Pepe Romero (de la federación de cooperativas FAECTA) y Manuela Fernández  (experta en Participación Ciudadana).

De las diferentes visiones se puede extraer una conclusión básica: después de 28 años funcionando con la legislación actual, la nueva Ley que propone el gobierno andaluz es un paso atrás, una oportunidad pérdida. Si finalmente se aprueba tal cual, sin enmiendas de calado y sin aceptar las demandas de toda la comunidad implicada en los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma (salvo el sector empresarial), tendremos unos servicios sociales asistencialistas (siguiendo el viejo patrón de la beneficencia), que sólo atiende urgencias y emergencias  (no es preventiva), que no garantiza ni blinda derechos, ni es universal, y que está concebida (igual que el sistema que conocemos ahora) como un modelo para «ofrecer cosas» (a modo de «cajero»: dinero para pagar la luz, el agua, alimentos…) y no para ofrecer servicios. Y seguirá  (como también sabemos y conocemos) una ley que seguirá fomentando el clientelismo, donde no habrá ninguna participación ciudadana… en definitiva, como nos mostró Belén Navarro, una Ley de Servicios Sociales que se puede explicar con una imagen como esta:

Se entiende perfectamente, ¿verdad? 

Pero hay mucho más. A lo largo del texto, cada una de las personas ponentes (y el Defensor del Pueblo Andaluz, y todas las organizaciones sociales que han pasado por el Parlamento para dar su opinión) han detectado retrasos técnicos que ponen en evidencia que estamos ante una propuesta legal basada en las patologías de las personas, sin tener una visión integral de sus problemas (eso, además de prehistórico, da a entender que el proyecto de ley tiene una base sanitaria, de cuando los servicios sociales dependían de la Consejería de Salud), sin enfoque biopsicosocial (creo que el ‘palabro’ se entiende perfectamente), sin coordinación entre disciplinas (social, sanitaria, laboral…), que no está hecha para evitar las desigualdades y que no dedica un sólo momento al malestar psicosocial, algo que se tiene que considerar fundamental desde una concepción de los servicios sociales que tengan como base el binomio Autonomía + Integración. 

En el proyecto no se ve un cambio de modelo, ni un catalogo de servicios (que debería añadir lo psicosocial), ni establece el derecho universal a los servicios sociales, ni tiene en cuenta la dimensión comunitaria, ni la participación (que no es lo mismo que voluntariado: lo primero supone toma de decisiones, lo segundo no).

Y luego viene el negocio, claro. Al comienzo de la jornada, Antonio Maíllo dijo la siguiente frase fundamental: «Los servicios sociales son ideológicos. ¡Tienen que serlo!» ¡Claro que sí! Pepe, cooperativista de economía social, empezó recordando que la palabra «idiota» proviene etimológicamente del griego «idiotes», que significaba «persona que no se interesaba por los asuntos públicos de la «polis»; «polis», que significaba «ciudad», es el origen de las palabras «poligono», «metropolitana», «policía»… y «política». ¿Se me entiende? Añado datos: Florentino Pérez gestiona en Andalucía el 52% de la ayuda a domicilio. Las marcas blancas del IBEX35 están copando los servicios sociales como un negocio que gestiona las necesidades de 2 millones de personas en Andalucía, con 65/70 mil empleos, al que la Junta de Andalucía destina 2.600 millones de euros y los ayuntamientos unos 950 millones, con 1.465 centros (entre públicos y privados)… un chollo para un sector donde el 20% es de gestión pública y el 80% está externalizado, donde en las contrataciones priman el coste del servicio por encima de cualquier otra cuestión, donde un ayuntamiento de izquierdas tiene dificultades legales para imponer cláusulas sociales. 

Al principio dije que me he sentido como un alumno con suerte. Pero también, y sobre todo, como un militante preocupado por los asuntos de la «polis». Una Ley sin Catálogo de Derechos, sin Plan Estratégico y sin Mapas de desarrollo (a expensas de futuros reglamentos) es una ley que no puede aprobarse. Con el apoyo de Ciudadanos y del PP, el PSOE andaluz puede sacarla adelante tal cual y será una buena noticia para las oligarquías que sobrevuelan el mercado de lo público. El 22 de este mes finaliza el plazo de presentación de enmiendas, y en diciembre se aprobará la Ley. Vamos a intentar que desde colectivos, movimientos sociales y ayuntamientos de izquierdas se presione para que, en las próximas décadas, no tengamos que echar de menos la Ley de Servicios Sociales de Andalucía que hemos tenido en estos 28 años.

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