El 10 de septiembre da comienzo en Andalucía el curso escolar en Primaria y Educación Especial y la incertidumbre se extiende a familias, personal docente y alumnado: casi dos millones de andaluces y andaluzas que formamos parte de la comunidad educativa y que, muy mayoritariamente, no dudamos a la hora de optar por la educación presencial, siempre y cuando se garantice la seguridad en las aulas ante el coronavirus.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no ha hecho los deberes desde el final del curso anterior y ha preferido dedicar parte de su tiempo a confrontar con el Gobierno central; primero, reclamando competencias durante el Estado de Alarma y, una vez finalizado este, reivindicando justo lo contrario (la intervención del Gobierno). En cualquier caso, lo cierto es que la implantación de medidas de seguridad exige recursos económicos y la adecuación de las instalaciones requiere más inversión para, por poner ejemplos sencillos, mantener la distancia de dos metros entre personas, facilitar equipos de protección a docentes y trabajadores/as o cumplir los protocolos de higienización con cada niño/a.
La Conferencia Sectorial del pasado 27 de agosto ha servido para ratificar los términos ya acordados semanas atrás entre comunidades autónomas y los ministerios de Sanidad y Educación. Sin embargo, en Andalucía no se ha querido financiar una vuelta segura al colegio, a pesar de que la comunidad educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. La Junta de Andalucía cuenta con 385 millones del Estado, de los que solo destina 140 para reforzar la educación pública (y 60 a la concertada), unos recursos claramente insuficientes, con los que no se logrará aumentar ni un/a docente por cada centro educativo ni crear ‘clases burbuja’ en condiciones razonables, teniendo en cuenta que las actuales ratios se encuentran en 25 alumnos/as o más.
Si de lo que se trata es de conjugar dos derechos fundamentales -el derecho a la salud y el derecho a la educación- no se puede obligar a la comunidad educativa a elegir entre uno u otro. Es generalizada la opinión de que hay cuatro medidas esenciales y concretas para que ambos derechos puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud (pues el riesgo cero no existe), y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente «nadie quede atrás»:
- Reducir la ratio: máximo de 15 alumnos y alumnas por aula (en infantil 10).
- Ampliar y estabilizar las plantillas docentes: un 33% más de profesorado.
- Habilitar y crear espacios amplios: recuperar centros públicos cerrados, habilitar espacios públicos municipales, crear nuevos…
- Aumento y dotación de personal: Enfermería, limpieza, educación social, Orientación, PTSC, de administración…
Por otra parte, las instrucciones de la Consejería de Educación sobre la “autonomía de los centros” dejan en manos de los equipos directivos toda la responsabilidad en la redacción de los protocolos de actuación. Además, las obras de adaptación al Covid-19 de unos mil centros educativos no cubren las necesidades de los casi 7.000 que existen en Andalucía, pero, además, esas obras deberían estar listas para el comienzo de curso y no, según reconoció el consejero el pasado 29 de julio, con el 31 de diciembre como plazo.
En relación con los ayuntamientos, el gobierno andaluz también ha perdido la oportunidad de colaborar con los gobiernos locales para habilitar espacios públicos (cerrados o al aire libre) que completen los insuficientes espacios con garantías de seguridad que tienen los centros educativos después tras décadas de abandono.
No se puede hacer recaer sobre las arcas municipales las desinfecciones y limpiezas extraordinarias de los colegios andaluces, ya que es la Junta quien tiene recursos y competencias para ello. Así lo han corroborado numerosos estudios elaborados por organismos públicos, secretarías municipales y servicios jurídicos de diputaciones. Recientemente, los servicios jurídicos de la Diputación de Sevilla emitieron un informe a los ayuntamientos de la provincia en el que quedaba patente que, según la normativa andaluza, es el Gobierno autonómico quien tiene las competencias a la hora de tomar medidas cuando sucede una situación de pandemia, grave y excepcional como la que estamos viviendo. Según este informe, las competencias propias de los Ayuntamientos son “la conservación en buen estado de funcionamiento y evitar el deterioro de las edificaciones” de los centros de enseñanza. Fuera de ese ámbito, que sería el caso de “prevención, protección, promoción y vigilancia de la salud” como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, estaríamos hablando de una “ampliación de competencias de los Ayuntamientos”, que solo podrían asumirlas mediante un convenio firmado con la Junta de Andalucía, según el cual ésta delegaría sus competencias por “encomienda de gestión” a la entidad local, que a cambio recibiría la “dotación simultánea de recursos económicos para hacer frente a su ejecución y financiación”. Aunque haya quien piense que lo mismo da, no da lo mismo. V
Con es conocido, los sindicatos se levantaron de manera unánime en la Mesa de Educación del gobierno andaluz y acordaron movilizaciones en septiembre, que apoyaremos desde Izquierda Unida, al igual que plataformas, mareas y ampas de toda la provincia. En Sevilla, concretamente, participaremos en la concentración convocada ante la Delegación Territorial este sábado, día 5, a las 10,30 h.
Además, en el ámbito institucional, vamos a presentar mociones en los plenos municipales para que los ayuntamientos se pronuncien y acuerden sobre los siguientes puntos:
- Solicitar la contratación de personal docente y no docente para bajar la ratio y garantizar las distancias de seguridad y los protocolos de prevención frente a la COVID-19, así como para atender a la diversidad de forma inclusiva en un curso educativo tan complejo.
- Instar al gobierno autonómico a que se adopten las medidas higiénico-sanitarias necesarias para poder iniciar el nuevo curso escolar de una manera segura, garantizando el reparto de geles, mascarillas y cuantos recursos sean necesarios entre el alumnado.
- Instar al gobierno autonómico a poner a disposición de los Ayuntamientos los medios económicos necesarios para poder afrontar las nuevas necesidades de limpieza y desinfección que, debido a esta pandemia, se han de llevar a cabo con el comienzo del curso escolar en todos los centros educativos.
- Instar al gobierno local a colaborar con el resto de Administraciones y a que se comprometa a hacer una relación de centros, locales y espacios que puedan ser utilizados para ampliar los espacios de los centros docentes y así permitir bajar la ratio y garantizar las distancias de seguridad y los protocolos de prevención frente a la COVID-19.
- Instar al gobierno autonómico a dotar a los centros educativos públicos, así como a su alumnado, de los recursos materiales necesarios para poder garantizar una educación telemática, ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021.
