28.09.2021

Las carencias del Hospital del Aljarafe

A diferencia de otras comarcas de la provincia, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe no es público, sino que está gestionado por un consorcio donde participan la Junta de Andalucía y la orden religiosa que le da nombre. Esta orden religiosa construyó el edificio (en un suelo cedido gratis por el ex alcalde de Bormujos, Baldomero Gaviño) y recibe de las arcas públicas un canon de 1,8 millones de euros en concepto de alquiler (es decir, 30,6 millones de euros en los 17 años que lleva funcionando). Los más de 300.000 ciudadanos y ciudadanas de casi 30 municipios del Aljarafe reciben allí la atención sanitaria de una plantilla compuesta por 900 trabajadores y trabajadoras (un 25% menos de lo que le correspondería por su tamaño y características). El presupuesto de este hospital es de 64,5 millones de euros, más o menos el mismo que cuando la población que atendía era, al menos, un tercio inferior que ahora.

Con estas cifras, añadidas a la situación de pandemia que vivimos, se entenderá que el personal que trabaja allí esté saturado y agotado, física y psicológicamente. Y que la atención que reciben los vecinos y las vecinas del Aljarafe deja mucho que desear; más, si cabe, que la deficiente atención que recibimos en otras zonas de la provincia de Sevilla. Por eso no es de extrañar que una parte muy importante de la plantilla haya solicitado el traslado a otros hospitales del SAS, donde además tienen mejores retribuciones.

Sobre todo esto hemos estado hablando durante la mañana de hoy con representantes del comité de empresa del hospital, en una visita que nuestra portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, se había comprometido a realizar durante un encuentro anterior.

Al respecto de la situación, es evidente que el modelo de gestión debe cambiar. Nuestra apuesta, obviamente, sería que el Hospital del Aljarafe fuese cien por cien público, del Servicio Andaluz de Salud. Es evidente que eso no es la solución milagrosa inmediata a los problemas, puesto que actualmente los hospitales públicos tienen todas las carencias materiales y humanas que ya conocemos; de lo que se trata es de evitar la progresiva privatización de la sanidad, que se está convirtiendo en un negocio lucrativo bastante jugoso. Pero mientras peleamos eso (es un modelo, el del consorcio, que tendrá que revisarse dentro de tres años), vamos a exigir a la Consejería de Salud que intervenga en la gestión y no se limite a consignar recursos económicos de los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma y entregárselos a la orden religiosa de San Juan de Dios para que los administre como le parezca, porque es algo que repercute en la calidad de la asistencia sanitaria y, también, en las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. En ese empeño es importante la presión de quien más sufre las consecuencias: la ciudadanía.

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