Defendiendo tus derechos

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Juicio a catorce hombres y mujeres de Los Corrales y La Jara, a quienes la fiscalía pide un total de 65 años de cárcel,  84.000 euros de multa y 98.000 euros de fianza, por participar en la huelga general que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012.

Aquella huelga había sido convocada por todos los sindicatos y organizaciones sociales para exigir soluciones al Gobierno, bajo los lemas de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD.

A las 10 de la mañana me uno a la concentración de apoyo a las puertas de los juzgados de la Buhaira, bajo una lluvia torrencial. Hablo un rato con mis compañeros José Antonio Mesa y Manolo Velasco, para quienes se pide cuatro y seis años de prisión (sic). También con Diego Cañamero, que me felicita con un cariñoso «Me alegro mucho de tu elección como coordinador, porque estoy seguro de que vas a hacer un excelente trabajo». También saludo a su mujer, Manoli, que me advierte que estoy más delgado.

El relato de los hechos ocurridos aquel 14 de noviembre es el siguiente: En Martín de la Jara y Los Corrales, igual que en el resto de la comarca, la huelga fue total y seguida por el cien por cien de la población. Todo amaneció cerrado. Por la mañana, un grupo de personas habían quedado para ir a informar al profesorado del instituto de los motivos que tenemos en nuestros pueblos para que nos apoyaran, ya que la mayoría vienen de fuera y desconocen la realidad de desempleo forzoso en la que se encuentran los padres y madres de sus alumnos y alumnas.

No había acudido ni un solo alumno/a a clase, y los pocos profesores que iban llegando aparcaban lejos de la puerta de entrada sin salir del coche, por lo que no fue posible tener ninguna conversación con ellos como otras veces.

Poco tiempo después se presentó la guardia civil, a los que se le comunicó el deseo de poder reunirse con el profesorado, pero en lugar de eso, procedieron a identificar a los hombres y mujeres allí concentrados y a denunciarlos.

No ocurrió absolutamente nada, no hubo incidentes,  ni hubo ningún tipo de daño personal, ni material. Nadie entiende esa escandalosa petición de la fiscalía, cuando la citada huelga era legal y el derecho de informar a la entrada de los centros de trabajo está perfectamente recogido en el articulo 28 de la Constitución.

Habría que retroceder a los años más negros de la Dictadura Franquista, en la década de los cuarenta, para encontrar peticiones represivas de este tipo con acusaciones absurdas contra personas honradas y trabajadoras, simplemente por el hecho de defender DIGNIDAD y TRABAJO para nuestros pueblos.

Cosas de la justicia: el juicio se ha suspendido porque una de las pruebas era un vídeo y no había aparato reproductor. Impresionante. Y más: la nueva fecha para celebrar el juicio es abril del año que viene.

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