El Consejo General del Poder Judicial ha resuelto que el Estado tendrá que indemnizar a nuestro compañero Torrijos por el «caso Mercasevilla» cuando formó parte del cogobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Según publicó ayer el diario ‘La razón’ (y después otros medios), el máximo órgano de gobierno de jueces y juezas «dictamina que existieron dilaciones injustificadas en la causa» por la que finalmente fue absuelto, muy especialmente en la instrucción de Alaya.
Aunque el dictamen no habla de cantidades, nuestro compañero ya ha anunciado que no deben ser los ciudadanos y las ciudadanas quienes paguen la indemnización con sus impuestos, sino quienes hicieron todo lo posible para que fuese condenado antes de celebrarse el juicio que lo declaró inocente. Zoido sabe de qué va el asunto: su carrera política bebe de ese agua de cloaca, algo así como un anticipo sevillano del golpismo mediático que pretende acabar con el actual gobierno de coalición en España.
Cuando alguien le pregunta a Antonio Rodrigo Torrijos por lo duro que han sido estos años, cualquier respuesta es difícil de dimensionar. Por mucho que se diga: «nadie se lo puede imaginar», la frase en sí no levanta ninguna comezón, incluso suena a frase hecha y sólo quien ha sido señalado, publicado, ignominiado y condenado mil veces puede sentir de lo que se habla y, lo que resulta aún más grave, es la única persona que no puede ser compensada por la absolución o, como es el caso, ni siquiera por habérsele reconocido judicialmente que quienes condenaron al inocente no fueron jueces(za), sino verdugos.
¿Cuántas páginas de ABC de Sevilla serían necesarias para recomponer el daño sufrido? ¿Cuántas portadas, editoriales y artículos martilleando el calificativo ‘presunto’ para dar por hecho un relato manipulado y teledirigido desde fuentes nunca reveladas pero de sobras conocidas? ¿Cuántas presunciones de culpabilidad habría que borrar del archivo documental de algunos periodistas adictos (que no adeptos) al poder de las sedas, los oros, la sangre de los toros y el humo de los altares?
Yo creo que esto es lo que más debe importarnos: las consecuencias de una condena de banquillo de los acusados durante una década no es indemnizable, como no son culpables quienes tienen que pagar en nombre de quienes se van a salir de rositas (o no, ya veremos), como es irrecuperable el tiempo transcurrido y todo aquello que pudo haber sido y no fue. Sobre esto, al menos, a Antonio Rodrigo Torrijos le debe quedar la dignidad del deber cumplido y de la lucha por la reparación y la justicia. Por otra parte, quienes todavía hoy desprestigian su nombre (mediocres crueles e insustanciales los hay en todo tiempo y espacio), también estarán lamentando que algunos entuertos se resuelvan; además, dicho sea de paso, de arrastrar la penitencia de saber que tampoco se pueden borrar otros hechos del relato histórico de la ciudad, en los que nuestro compañero fue protagonista. No se trata de equilibrar balanzas, pero reconforta. Y a su familia, que tanto ha sufrido, también.
