24.01.2022

Cómo convertir un derecho (humano) en un negocio rentable

Este viernes he intentado explicar por qué la sanidad pública en Andalucía está tan deteriorada y cuál es el objetivo del gobierno de Moreno Bonilla como brazo institucional de los que verdaderamente mandan: convertir un derecho en un negocio rentable. Ha sido en la concentración ante el centro de salud de La Puebla de los Infantes (enhorabuena, Mari Carmen, compañeras y compañeros de la asamblea), donde hoy hemos cubierto la segunda etapa de movilizaciones programada por nuestra organización en la comarca de La Vega sevillana. Unidas Podemos, los sindicatos CC.OO y UGT, Marea Blanca, plataformas locales y otros movimientos sociales y entidades ciudadanas estamos realizando campañas de concienciación sobre este derecho crucial para la inmensa mayoría, con la idea de acumular fuerzas para la manifestación que celebraremos el próximo 18 de diciembre, sábado, en el centro de Sevilla.

La pandemia ha abierto los ojos de la ciudadanía en dos aspectos: uno, en la necesidad de tener una buena sanidad pública; otro, en la evidencia de que los recortes matan. Ahora es urgente abrir los ojos ante esta otra evidencia: para la sanidad privada “la enfermedad es un negocio”, mientras que para la sanidad pública “la salud es un derecho”.

Después de una década de reducciones presupuestarias de la Junta (a una media de mil millones de euros anuales desde 2010 a 2020), el deterioro del Servicio Andaluz de Salud ha llegado a una situación límite: cierres de unidades, de centros y de camas hospitalarias (como puedes ver en el gráfico de más abajo, somos la última comunidad del país, y en la provincia de Sevilla estamos aún peor: 1,7 camas por cada mil habitantes), disminución de las contrataciones (especialmente en vacaciones), falta de sustitución de bajas prolongadas por enfermedad, jubilación o fallecimiento, personal saturado que debe prolongar sus jornadas laborales y no pueden disponer de descansos…

Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

También ocupamos el último puesto en en gasto sanitario público por habitante (1.262 €), por debajo de Madrid (1.340 €), muy inferior a la media estatal (1.486 €) y a años luz de Euskadi (1.873 €).

Ante esta situación, las listas de espera han aumentado en todas las actividades sanitarias, los centros de salud están colapsados por unas ratios de pacientes imposibles de cubrir con las mínimas garantías de calidad en la asistencia, las citas para la atención primaria se dan a quince días vista, muchos centros están cerrados por las tardes, el descanso del personal o las vacaciones no se cubren con plazas estructurales (incrementando el número de pacientes a atender por el resto de sanitarios/as) y no se acometen necesidades urgentes derivadas del desgaste de las infraestructuras o los avances de la ciencia médica. Además, la pandemia ha obligado a incrementar las funciones asistenciales, que han debido asumirse con personal sanitario eventual y precario.

El Gobierno español transfirió mil millones de euros al andaluz para reforzar la atención primaria y localizar los focos más activos de contagios en la primera ola. Casi dos años después de la declaración del estado de alarma, en Andalucía todo el peso de la pandemia sigue recayendo sobre las espaldas del personal sanitario. Un sacrificio no solo laboral: si España es el país del mundo donde más profesionales sanitarios han sufrido contagio por coronavirus, Andalucía es la comunidad que se lleva la palma en nuestro país. A 10 de agosto, más de 850 profesionales de la salud pública han causado baja por Covid en Andalucía, la mayoría personal de enfermería; desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han contagiado 14.000 sanitarios/as en nuestra comunidad autónoma (casi 3.000 en la provincia de Sevilla).

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Este deterioro del S.A.S., iniciado por el gobierno de Susana Díaz, ha servido de acicate al actual Gobierno andaluz (PP-Cs + VOX) para poner al mando de la gestión sanitaria a profesionales del sector de la medicina privada (aquí las puertas giratorias son de ida y vuelta). A pesar de la coincidencia generalizada de la sociedad sobre la necesidad de reforzar lo público, el gobierno andaluz ha seguido en su afán privatizador: aprovechando el crecimiento de las listas de espera, va impulsando la creación de nuevos hospitales, clínicas y consultas privadas. De hecho, en 2020 se transfirieron 135 millones de euros adicionales del presupuesto andaluz a la sanidad privada para reducir las listas de espera en 2020, una cantidad que se ha incrementado con creces durante el presente año. A ello hay que añadir la suspensión de la subasta de medicamentos (que suponían un ahorro de más de 200 millones de euros, ahora en manos de las multinacionales farmacéuticas) o los más de 30 millones de euros que cuesta mantener en el S.A.S. a quienes también trabajan en la privada. Están allanando el camino para que las multinacionales del negocio de la salud se quede con el pastel de nuestro derecho humano a una sanidad pública digna, de calidad, sin recortes y universal.

Y la gran broma final, convertida en tragedia, la explica en tres sencillas frases (y una marca desesperada) nuestro coordinador andaluz, Toni Valero: